Las negociaciones de Río+20 comenzaron en plena recesión por la crisis financiera de 2008, lo que puso de manifiesto con claridad que los recientes desequilibrios económicos, sociales y ambientales ya no podían abordarse por separado, secuencialmente o con medidas en solitario para cada país. A pesar del rápido crecimiento de las exportaciones, las fuertes entradas de capital y los elevados precios de los productos básicos en el mundo en desarrollo, el aumento de los ingresos resultante se había distribuido de forma desigual, y muchos de los países y las comunidades más pobres seguían siendo vulnerables a las perturbaciones y los retrocesos. La crisis sobrevino a raíz de un crecimiento lento, una redistribución masiva de los ingresos a favor del 1% más rico de la población y una explosión de la deuda privada, lo que, además de suscitar cierta introspección moral, generó inquietud respecto de la fragilidad del pacto social.
Se reconoció que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tenían que ser más universales e inclusivos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para abordar un espectro más amplio de diferencias socioeconómicas en torno a las cuales habían surgido y aumentado las desigualdades.
El alcance de la desigualdad
Con respecto a hace 30 años, sorprende el número de países en los que ha aumentado la desigualdad de los ingresos, que, en la mayoría de los Estados miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), está en su nivel más alto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Además, la desigualdad de los ingresos se ha visto agravada por la distribución desigual de la riqueza, en particular en países donde la desigualdad ya era alta, como los Estados Unidos de América. En otros países tradicionalmente más igualitarios, como Alemania, Dinamarca y Suecia, también ha aumentado la brecha entre los ricos y los pobres.
Los economistas han establecido vínculos entre la globalización y la convergencia de ingresos, y parece existir una clara tendencia a superar las brechas de ingresos entre los países, que se refleja en la desaceleración del crecimiento en los países ricos y el crecimiento rápido y sostenido en China y, posteriormente, en la India. Sin embargo, la tendencia es más incierta de lo que muchos habían imaginado en un principio (The Economist explains, 2014). Por otro lado, los recientes acelerones en el crecimiento de los países en desarrollo han coincidido con mayores niveles de desigualdad, que en algunos casos han sido tan pronunciados o incluso más que en las economías avanzadas.
No es tarea fácil combinar estas tendencias de la desigualdad interna y externa, aunque, en general, hay quien estima que el coeficiente de Gini a nivel mundial ha disminuido ligeramente en los últimos 20 años (Lakner y Milanovic, 2013), en gran medida porque los ingresos de los asalariados de los países avanzados se han reducido notablemente. Aun así, y con la excepción de los pocos Estados que son los más desiguales, la desigualdad entre países sigue siendo muy superior, con diferencia, a la desigualdad interna.
Entender la dinámica de la desigualdad y sus vínculos dentro de los países y entre ellos constituye una de las mayores dificultades con que tropiezan los analistas, y es también un elemento central de la agenda para el desarrollo después de 2015.
¿Por qué es importante la desigualdad?
Es evidente que la desigualdad puede plantear una amenaza grave para la estabilidad social y política. No obstante, se reconoce cada vez más que también puede poner en peligro el crecimiento sostenido. Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) puso de relieve que una mayor igualdad de ingresos contribuía a prolongar la duración de las rachas de crecimiento económico de los países más que el libre comercio, la escasa corrupción gubernamental, la inversión extranjera o el bajo nivel de deuda externa (Berg y Ostry, 2011). Hay otros estudios sobre los vínculos entre la desigualdad creciente y las turbulencias y crisis económicas (Bordo y Meissner, 2012), conexión que parece estar íntimamente relacionada con el mayor peso económico y político de las corrientes financieras y los mercados no regulados (UNCTAD, 2012).
La desigualdad pone en peligro la consecución de los objetivos económicos generales propuestos por el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la erradicación de la pobreza extrema, la promoción del trabajo decente y la transformación de las estructuras económicas. La desigualdad no es una cuestión de suerte u oportunidad y puede corregirse mediante políticas y reformas, argumento expuesto recientemente en la innovadora investigación de Thomas Piketty. Si bien la responsabilidad de hallar soluciones recae en quienes formulan las políticas a nivel nacional y regional, las iniciativas y medidas colectivas en el plano internacional también desempeñan un papel fundamental.
ODS 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos de aquí a 2030
El Grupo de Trabajo Abierto sobre los ODS propuso un objetivo independiente en relación con la desigualdad con siete metas y tres medios para lograrlas. La primera meta es lograr que los ingresos del 40% más pobre de la población crezcan a una tasa superior que la media nacional; la segunda, potenciar la inclusión social y económica de todas las personas, independientemente de su raza, etnia o situación económica; y la tercera, garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando la discriminación mediante políticas y medidas adecuadas.
Las otras cuatro metas se centran en la adopción progresiva de políticas para lograr una mayor igualdad, incluidas las políticas fiscales; la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales; las políticas para facilitar la migración y la movilidad de las personas de manera ordenada, segura y responsable; y el problema de larga data de la representación e intervención equitativas de los países en desarrollo en el sistema de gobernanza mundial.
Los medios de implementación propuestos son más imprecisos y más difíciles de cuantificar, lo que obstaculiza la definición de indicadores que ayuden a evaluar los progresos en la reducción de las desigualdades. Hay que seguir reflexionando. Entre los medios concretos propuestos cabe mencionar: 1) la aplicación del principio del trato especial y diferenciado para los países menos adelantados (PMA); 2) la canalización de asistencia oficial para el desarrollo y el fomento de las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera directa, con destino a los países que se encuentran en situaciones especiales, como los PMA, los países africanos, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral; y 3) la reducción de los costos de transacción de las remesas de los migrantes a menos del 5%.